Este martes 20 de agosto ha entrado en vigor la denominada Carta de Derechos en el Sector del Transporte Marítimo. Esta, que según Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, “supondrá un antes y un después en la historia de la navegación”, garantiza unos estándares internacionales mínimos para un trabajo “decente” en esta actividad, una mejor supervisión a todos los niveles y contribuye a reducir el ‘dumping social’, práctica que precariza el empleo y los precios en la navegación marítima. Teniendo en cuenta esto, se verán ‘afectados’ hasta 13.000 personas en España que se emplean en este sector y protegerá a 1,5 millones de marineros en todo el mundo.

La importancia de este sector en nuestra economía es fundamental. El transporte marítimo aporta actualmente, de forma directa, una producción de 2.959 millones de euros, lo que supone el 1% del PIB español. Con este convenio, España podrá inspeccionar todo barco que entre en uno de sus puertos, independientemente de su bandera, y obliga a todos los Estados a emitir un certificado que deje constancia de que se cumplen con los requisitos del convenio. Para Rafael Rodríguez, director general de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, el texto “hace más competitiva nuestra flota y favorece la seguridad marítima”.

Esto hace prever que cobrará mayor importancia la figura del agente de aduanas así como de las empresas intermediarias en comercio internacional y transporte marítimo, como es el caso de Agencia Paublete.

La Carta de Derechos en el Sector del Transporte Marítimo ha sido ratificada por 45 Estados, lo que supone más del 75% de la flota mercante mundial. Además, cuenta con el apoyo de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Federación Internacional de Armadores (OSF) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).